OAN Staff Brooke Mallory
Jueves, 17 de abril de 2025
En lo que se anticipa como uno de los casos más esperados que la Corte Suprema revisará desde que Trump asumió el cargo, jueces federales escucharán el próximo 15 de mayo los argumentos orales de una demanda que impugna el decreto del presidente Donald Trump de cancelar la ciudadanía por nacimiento.
Trump firmó la orden ejecutiva en su primer día en el cargo, lo que desencadenó una ola de litigios en todo el país. Posteriormente, en marzo, el gobierno republicano solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que interviniera y permitiera la implementación de una versión limitada de la orden ejecutiva del presidente, aunque ésta aún estipula la cancelación de la ciudadanía por nacimiento.
En cuanto a los próximos argumentos orales, la apelación de la administración cuestiona tres órdenes judiciales nacionales emitidas en los estados de Maryland, Massachusetts y Washington. Los tres estados habían emitido órdenes judiciales a nivel nacional que impedían la entrada en vigor de la prohibición de la ciudadanía por nacimiento, una medida que los abogados de la administración Trump argumentaron en su presentación ante la Corte Suprema como excesivamente “amplia”.
Sarah Harris, la fiscal general interina de Estados Unidos, solicitó a los jueces que limitaran la aplicación de las decisiones a quienes se vieron directamente afectados por los tribunales pertinentes.
“Estos casos, que implican impugnaciones a la orden ejecutiva del presidente del 20 de enero de 2025 relativa a la ciudadanía por nacimiento, plantean importantes cuestiones constitucionales con significativas consecuencias para la seguridad de la frontera”, declaró Harris en la apelación.
La orden ejecutiva de Trump estaba originalmente programada para entrar en vigor el 19 de febrero.
Cuando se redactó la Decimocuarta Enmienda en 1866 y se ratificó en 1868, ésta se refería a la condición y los derechos de las personas anteriormente esclavizadas tras la Guerra Civil. Su objetivo principal era garantizar que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos —antiguamente afroamericanos esclavizados— recibieran la ciudadanía plena y la misma protección legal.
La orden del gobierno de Trump busca profundizar la interpretación de la Enmienda, ya que los defensores de la inmigración, además de otros grupos progresistas, han argumentado que esta incluye a todos los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.
En términos legales, los términos “extranjero” e “inmigrante” están relacionados, pero también son distintos. Un extranjero es simplemente cualquier persona que no es ciudadana, mientras que un inmigrante es un extranjero al que se le ha otorgado el derecho legal de residir permanentemente en un país.
Según la interpretación del gobierno de Trump, los hijos nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados o aquellos que se encontraban en el país legalmente, pero solo gracias a sus visas temporales de no inmigrante, no son estadounidenses por derecho de nacimiento.
Sin embargo, la interpretación de la administración republicana ya ha sido rechazada por varios tribunales federales, razón por la cual los abogados de Trump están llevando el asunto ante la Corte Suprema. Más de 22 estados de Estados Unidos y organizaciones de derechos de inmigración presentaron rápidamente demandas contra la administración republicana, alegando en documentos judiciales que la orden ejecutiva es “sin precedentes” e ilegal.
Esta nota fue traducida de una versión en inglés.
